“La objeción de conciencia” otro palo en la rueda que coarta la despenalización del aborto en Colombia

Por Diva Criado. Durham, Inglaterra. 30 de septiembre de 2010.
El 28 de septiembre del 2003, con motivo del Día Internacional por la despenalización del aborto, escribí el artículo de abajo,  publicado en las noticias de opinión de Cooperación Internacional para el Desarrollo Andino CIDAN. Obsérvese que no ha perdido vigencia en el tiempo, solo han cambiado los matices. El aborto en Colombia estuvo prohibido en todos los casos hasta el 2006, cuando la Corte Constitucional en sentencia C- 355  despenalizó  la interrupción del embarazo en  los casos de malformación del feto, riesgo de muerte y violación.

Ahora para variar le ponen un palo en la rueda. Quienes no quieren reconocer el aborto como una realidad, acuden a la  “Objeción de conciencia” para no practicarlo, no solo consideran que la objeción debe estar en la conciencia de las personas,  sino que  plantean que las instituciones también la tengan, tamaño exabrupto. La pregunta que me planteo es: ¿El titular de un ente jurídico puede imponer  argumentos subjetivos sobre una decisión individual  a su arbitrio de acuerdo a lo que su conciencia le dictá?. Hasta donde mis conocimientos alcanzan, las instituciones no tienen conciencia. Sin embargo,  parece ser que ésta es la norma de conducta que sigue la Procuraduría, haciendo un llamado a los entes institucionales de tipo confesional, para que se declaren impedidas de practicar un aborto.

Es cierto que  la objeción de conciencia es una expresión del derecho que señala una postura ética frente a una imposición legal o castrense en el caso de los militares. El objetor apela a su derecho de libertad de conciencia individual, y se niega a realizar acciones que considera van en contra de sus principios y creencias religiosas, filosóficas o morales. También es cierto que “la objeción de conciencia” está implícitamente reconocida en la Constitución colombiana, pero no es menos cierto, que para el caso de la interrupción del embarazo tal  “objeción” no tiene sentido.  No practicar el aborto alegando una reflexión elaborada a toda luz subjetiva,  invocando la ética fuera de la acción y contemplar la “Objeción de Conciencia” para  rehusarse a realizarlo, pone en tela de juicio la seriedad y la responsabilidad de salvaguardar bienes jurídicos tutelados amparados en la Constitución Nacional,  y  la libre autodeterminación,  es uno de ellos.

ABORTO: DECISIÓN QUE SOLO UNA MUJER DEBE TOMAR

Por: Diva Criado Pacheco. Bogotá. Colombia, septiembre 28 del 2003.
Uno de los temas que genera  en la sociedad mayor controversia y animadversión es el del aborto, especialmente si se tiene en cuenta que la discusión acerca de su conveniencia o inconveniencia, legalidad o ilegalidad, se efectúa en torno a axiomas de tipo religioso y moral,   alejándose de la realidad y del  sentir de las mujeres.

Verdaderamente el aborto es un problema de salud pública, que  no lo resuelven políticas represivas. Para nadie es un secreto que al margen de su discusión e independientemente de las razones que llevan a las mujeres a practicárselo, existe un negocio lucrativo que debe ser desmontado. Sobre este último hecho, los resultados de la reciente  Encuesta Nacional de Democracia y Salud (ENDS), son alarmantes: El aborto es la tercera causa de mortalidad materna en el país, y su afectación se da mayoritariamente en mujeres pobres y muy jovenes. De cada diez mujeres que recurren al aborto, siete lo han hecho más de una vez. Esta práctica clandestina y peligrosa,  en la mayoría de los casos se efectúa en condiciones de insalubridad y sin ningún tipo de prevención.

El aborto en Colombia, es considerado como un delito que transgrede la Ley. Resulta contradictorio y carente de fundamento que la Constitución por una parte,  establezca la salvaguarda de la vida humana,  y por otra la penalice.

No tiene sentido que en embarazos que ponen en riesgo la vida de la madre, si el bien jurídico tutelado es la vida del no nato, cómo crecerá si la de su madre, condición necesaria para su desarrollo,  está en grave riesgo de morir. ¿Dónde comienza la vida? ¿Cómo, cuándo  y quién decide cuál vida debe prevalecer?
Y que decir de los embarazos producto de  una violación. La cárcel no puede ser la única opción para aquellas mujeres,  que además de tener que soportar las secuelas psicológicas de un hecho traumático, al resultar embarazadas y querer abortar un hijo no deseado, las tachen de delincuentes.  La atenuación de la pena  para quien aborte en los casos establecidos por la ley como resultado de acceso carnal violento, inseminación artificial o transferencia de óvulo  fecundado no consentido, no puede ser  una decisión  subjetiva hecha  al arbitrio del juez.

Reformas del aborto

El tema del aborto jurídicamente hablando se ha  definido  en el país con varias denominaciones marcadas por el “machismo” cultural y político,   pero ellas han tenido una misma finalidad, “su penalización”. Así lo demuestran las leyes ya derogadas y las diferentes reformas.   El Código Penal  de 1890 en su artículo 640, mencionaba la práctica del aborto terapéutico solo para salvar la vida de la mujer. El Código Penal de 1936 vigente hasta 1980 artículo 389, penalizaba el aborto en cualquier circunstancia,  y entre sus curiosidades dejaba en manos del juez la decisión de penalizar la conducta antijurídica, autorizándolo a conceder el perdón judicial en los casos honoris causa, es decir  para salvaguardar el honor de la mujer que resultare embarazada en casos de violación. La reforma del Código Penal de 1980, capítulo III  “de los delitos contra la vida y la integridad personal”,  en los artículos 343 al 345, penalizaba el aborto incorporando a los temas ya existentes circunstancias especificas. Establecía diferencias entre el aborto consentido y no consentido,  es decir en el aborto por “acceso carnal violento” y/o “aborto carnal abusivo” o inseminación artificial no consentida, desconociendo el respeto que merecen las mujeres como personas y como sujetos de derechos.

El Código penal fue reformado en 1998, sin que cambiaran las circunstancias que dieron cabida a la penalización del aborto, hubo algunas sugerencias para atenuar la penalización que no llegaron a buen puerto,  sin embargo, la Reforma que entró en vigor este año (2003), incorpora las circunstancias de atenuación, indicando que: “cuando se realice el aborto en extraordinarias condiciones anormales de motivación, el funcionario judicial, podrá prescindir de la pena, cuando ella no resulte necesaria en el caso concreto”. La interpretación de lo que el legislador quiso decir, sigue estando en manos del juez.

El reciente fallo inhibitorio proferido por la Corte Constitucional, solamente deja una cosa clara y es el total desconocimiento sobre los derechos fundamentales  de las mujeres a vivir su vida en condiciones dignas y justas, a decidir sobre su propia existencia y sobre su cuerpo. El Código Penal solo permite el aborto en tres condiciones especiales:  (I)  aborto terapéutico, (II)  aborto cuando la gestación es consecuencia de una violación y (III)  aborto cuando la gestación es consecuencia de una inseminación artificial no consentida. En el observamos que se viola flagrantemente el derecho fundamental a  la vida en conexión con el derecho a  su salud física y mental,  y olvida que la decisión de interrumpir el embarazo está relacionado con el ejercicio de la autonomía y  las libertades individuales.

Por lo anterior resulta frustrante ser espectador de la decisión de la Institución que tiene en sus manos la obligación de salvaguardar los derechos fundamentales protegidos constitucionalmente.

Es penoso y absurdo, que en un Estado que se predica respetuoso de las garantías constitucionales individuales, se continúe legislando con base en valores morales impuestos por la religión católica.  No se trata de que la interrupción del embarazo sea bueno o malo moralmente hablando, sino que ese mismo hecho está íntimamente relacionado con el ejercicio de la autonomía y  la libertad individual de la mujer,  sobre lo que quiere hacer con su cuerpo.  El embarazo es un fenómeno biológico que solo las mujeres experimentamos,  si además surgen  circunstancias especiales,  no solo tiene el derecho sino la obligación  de salvaguardar su vida, de proteger su salud  y de decidir si se practica o no el aborto!

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