Expertas de CEDAW reprenden al Estado mexicano por violencia

Por Lucía Lagunes Huerta, enviada Especial/ Nueva York, 18.07.2012 (CIMAC).- Sin respuestas concretas, ni datos claros que demuestren la efectividad de las acciones gubernamentales para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, concluyó la comparecencia del Estado mexicano ante Naciones Unidas.

Trata, violencia, impunidad, derechos reproductivos y efectividad de las acciones gubernamentales para aplicar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) fueron los temas fundamentales sobre los cuales se enfocaron las Expertas de la CEDAW el día de ayer  a lo largo de cinco horas y media de comparecencia.

“No es acaso justo hacer de la violencia y de las mujeres una causa de prioridad nacional” preguntó al gobierno mexicano la experta  francesa Nicole Ameline, tras escuchar la intervención de apertura de la sesión de la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres Rocío García  Gaitán.

Usted ha reconocido el estado de violencia y la impunidad que viven las mujeres y que llega a niveles insostenibles ¿tienen en cuenta esta urgencia? ¿tienen como prioridad acelerar los procesos de coordinación? Abundó la experta francesa.

Un tema reiterado por parte de las Expertas del Comité en esta 52 sesión realizada en Nueva York, fue el nivel de protección con que cuentan mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos.

¿Cuál es el progreso de las investigaciones de asesinatos y ataques  de defensoras y periodistas entre 2010 y 2011? ¿Cuáles son los métodos y medidas, qué resultados hay y qué están contemplando para que estas medidas funcionen? ¿Qué protocolos con perspectiva de género se tienen para la atención, protección e investigación de defensoras y mujeres periodistas y que órgano es responsable de la aplicación de las medidas de protección para ellas?, preguntó una y otra vez la experta española y relatora para México Soledad Murillo de la Vega, y la experta Afgana, Zohra Rasekh.

Ante ello la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Dilcya García, aseguro que “hay una condena absoluta total y frontal por parte del Estado mexicano a la violencia contra cualquier defensora y cualquier periodista, reconocemos un problema relacionado con el fenómeno y la impunidad”, y acto seguido leyó  la Ley de protección de defensoras y periodistas.

ABORTO

Sorprendidas por las enmiendas constitucionales realizadas en 17 entidades federativas para proteger la vida desde la “concepción-fecundación”, el Comité de Expertas recomendó -como en 2006- al gobierno mexicano armonizar la ley sobre el aborto.

Cabe recordar que en sus recomendaciones de 2006 las Expertas pidieron al Estado armonizar la legislación relativa al aborto a los niveles federal y estatal y a aplicar una estrategia amplia que incluya el acceso efectivo a servicios de aborto seguros en las circunstancias previstas en la ley, y a una amplia variedad de métodos anticonceptivos, incluidos anticonceptivos de emergencia, medidas de concienciación sobre los riesgos de los abortos realizados en condiciones peligrosas y campañas nacionales de sensibilización sobre los derechos humanos de las mujeres, dirigidos en particular al personal sanitario y también al público en general.

La experta cubana Magalys Arocha Domínguez cuestionó si el gobierno ha analizado cómo estas enmiendas constitucionales  pueden agravar  las condiciones del aborto; cómo afectan las restricciones del aborto a las mujeres víctimas de violación por incesto y cómo ha incidido esto en un embarazo coercitivo.

La respuesta vino de la Secretaría de Salud federal a través de Aurora del Río, directora general adjunta del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, quien aseguró que existe confusión de las mujeres porque pese a las modificaciones constitucionales existen diversas causales donde no es punible, entre ellos la de violación. “Estamos capacitando al personal de salud para que no tenga duda de la vigencia”, agregó.

Soledad Murillo de la Vega cuestionó al Estado mexicano la incongruencia de tener una Fiscalía especial para investigar la trata sin facultades en crimen organizado y pidió se explicara  cómo a un tratante se le aplican cinco años de prisión y a una mujer por abortar 35 años de cárcel. No se pueden tener 16 mil violaciones y 3 por ciento de condena, no nos cuadran los datos, concluyó.

“Si hay desigualdad, si hay discriminación. Quiero decirles que México es mucho más de eso, que es constructor, que nunca habíamos avanzado  tanto en los derechos humanos de las mujeres, gracias a la alianza con los tres poderes, los tres niveles de gobierno, con el apoyo de la mayoría de la sociedad civil. De estos avances pasos ni uno hacia atrás”, concluyo la presidenta del Inmujeres, Rocío García Gaitán y con ello la comparecencia del Estado mexicano.

El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, que entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981 tras su ratificación por 20 países, entre ellos México.

El Comité de expertas está compuesto por 23 mujeres de varios países y recibe informes de los Estados cada cuatro años para estudiarlos, formular propuestas y recomendaciones.

 12/LLH/LGL

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