El PE pide a la India el fin de la violencia contra las mujeres

El Parlamento Europeo ha pedido a la India que acabe con todas las formas de violencia contra la mujer y exige que el Gobierno de Delhi adopte y aplique leyes más estrictas. La petición se produce a raíz de la violación y asesinato de la joven india de veintitrés años Jyoti Singh Pandey el pasado 16 de diciembre en un autobús de Nueva Delhi. El crimen ha provocado una ola de protestas en ese país. El juicio contra los violadores ya ha comenzado y el padre de la joven pide la horca para los acusados.

Vigilia_NuevaDelhi_SuhoyDhar/IPS

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Por Sujoy Dhar. Nueva Delhi, (IPS) 21.01.2013– Comienza el juicio contra los violadores de la estudiante de medicina Jyoti Singh Pandey que fue brutalmente violada en un autobús público de Nueva Delhi. El padre de la joven pide la horca para los cinco acusados de homicidio, violación, secuestro y robo. La India es uno de los 69 países en los que todavía se aplica la pena de muerte, en 2004 se interrumpió una moratoria que había durado 15 años para ejecutar a la persona que atentó contra la vida de la presidenta Indira Gandhi.

Las masivas protestas y las promesas de los líderes políticos no logran frenar la violencia sexual en la India, donde el clamor popular pidiendo justicia se está transformando poco a poco en un llamamiento a que se aplique la pena de muerte.

En la fría noche del miércoles 16, exactamente un mes después de que una joven fuera violada en grupo y torturada en un autobús en marcha en Nueva Delhi, cientos de personas se reunieron con velas en sus manos en la capital india para expresar su indignación por lo ocurrido. Llegaron para recordar a la víctima que, 13 días después del ataque el 16 de diciembre pasado, murió en un hospital de Singapur a causa de las heridas internas que le provocaron sus agresores. 

El caso provocó indignación en este país de 1.200 millones de habitantes que sufre desde hace tiempo una epidemia de violencia sexual. La furia era palpable en las personas congregadas la semana pasada en el lugar icónico de protestas para los habitantes de Nueva Delhi, el histórico centro astronómico de Jantar Mantar. Allí homenajearon a Jyoti Singh Pandey, estudiante de medicina de 23 años, a la que ahora se llama “Corazón valiente” o “la hija de India”.

Pero las protestas y los insistentes llamamientos a que se haga justicia no alcanzan a frenar la violencia: una serie de violaciones en grupo, incluyendo algunas también dentro de autobuses, han sido denunciadas en todo el país en las últimas semanas. La brutalidad de esos ataques es casi directamente proporcional a la pasión de las protestas, señalan activistas y expertos.

Frente a esto, las multitudes han dejado de exigir justicia y ahora directamente piden la muerte de los responsables: el cartel de “Queremos justicia”, el más usado en las manifestaciones, se está reemplazando ahora por el de “Cuelguen a los violadores”.

Tras la explosión de las protestas callejeras y los intercambios de opiniones en las redes sociales en Internet, el debate ahora se enfoca hacia si la aplicación de la pena de muerte puede poner fin, o al menos reducir, los horribles ataques contra las mujeres. La polémica parece surgir de un fuerte sentimiento de frustración.

El mes pasado, las autoridades indias se esforzaron por tranquilizar a los manifestantes con promesas de enmiendas legales y un fortalecimiento de la seguridad para las mujeres. Pero aun con los fuertes discursos políticos y la mayor presencia policial en las calles, los ataques continuaron.

A comienzos de este mes, una mujer fue víctima de una violación grupal dentro de un autobús en el norteño estado de Punjab, mientras que en el noroccidental de Rajasthan, una joven se suicidó después de que la policía la amenazara por haber presentado una denuncia de ataque sexual. En el occidental estado de Goa, una niña de siete años fue violada en un baño de su escuela.

La pena de muerte entra en escena 

Estos casos han obligado a los políticos y a los ciudadanos en general a afrontar las limitaciones de su sistema judicial. La ministra de Desarrollo de las Mujeres y la Infancia, Kirshna Tirath, dice que se deben cambiar las leyes para contemplar la pena de muerte como castigo para los casos más brutales de violación. La misma petición ha hecho la líder de la oposición en el parlamento, Sushma Swaraj, del partido nacionalista hindú Bharatiya Janata.

Estos llamamientos del sector político han encontrado apoyo entre muchos ciudadanos indignados por el creciente número de ataques. En una encuesta realizada en las últimas semanas, el 100 por cien de las mujeres consultadas dijeron que el mayor problema que afronta este país es resolver el problema de la inseguridad que sufren muchas de ellas.

«Es una completa tontería decir que los atacantes son humanos y merecen vivir a expensas de los contribuyentes», nos dijo Sanchita Guha, profesional de los medios radicada en Nueva Delhi. La pena capital “también le da a la víctima la sensación de que se cierra su caso”, añadió.

Sin embargo,  la mayoría de los grupos de mujeres se oponen a la pena de muerte o a castigos severos como la castración química de los violadores. En cambio, exigen una rigurosa condena a prisión a los perpetradores, que por lo general salen impunes a través de vacíos legales o gracias a la insensibilidad del sistema judicial.

Kavita Krishnan, uno de los rostros más destacados en las protestas callejeras y secretaria de la Asociación de Todas las Mujeres Progresistas de India, dice que «Todo este debate sobre la pena de muerte es una pista falsa para desviar la atención de los crímenes de género y concentrarse en la severidad del castigo». «La pena de muerte no es una solución para un país con leyes misóginas. No hay evidencia en ninguna parte del mundo de que la pena de muerte reduzca las violaciones o disuada a alguien de cometer un crimen», afirma.

En todo caso, la pena de muerte podría disuadir a los jueces de emitir severas sentencias contra los perpetradores, «pues los tribunales tendrán mucha cautela antes de dar un veredicto», asegura Krishnan. «En India, un gran número de ataques sexuales también ocurren en el hogar, entre personas cercanas entre sí. Si hay pena de muerte, la víctima estará bajo una intensa presión para no presentar la demanda», advierte. «Las penas deben aumentar en la India, y el debate debe ser sobre la seguridad de que haya castigo y sobre leyes con sensibilidad de género».

Actualmente, los violadores sufren una condena mínima de siete años de prisión, de acuerdo con la sección 376 del Código Penal, sentencia que puede ser extendida a 10 años dependiendo de la severidad del caso. Pero la sección 375 del Código Penal considera violación solo a aquella agresión sexual que incluya penetración con el pene, excluyendo así el sexo oral forzado o la penetración con un objeto extraño, que puede causar heridas aun más severas.

Estas últimas agresiones solo están contempladas en la sección 354, referida a los «ataques a mujeres con intención de atentar contra su modestia» y en la sección 377, que castiga el «contacto carnal contra el orden natural».

Para Ranjana Kumari, directora del Centro para Investigación Social, con sede en Nueva Delhi, incluir la pena de muerte como castigo para la violación, paradójicamente, podría hacer que los responsables nunca fueran sancionados. La experta explicó que muchos condenados a muerte pueden solicitar clemencia al presidente, que tiene el poder de conmutar la sentencia.

«Si se admite la pena capital, el proceso judicial será también muy largo. Ya hay unos 95.000 casos pendientes en varias cortes y es imposible aplicar la pena de muerte a tan gran cantidad de personas», afirma. «Queremos un castigo severo, que incluya una prisión rigurosa, porque de otra manera solo será una opción entre la pena de muerte o ningún castigo». El porcentaje de condenas a prisión por violación en la India es del 26 por ciento, señala. «También hemos descubierto que nadie recibe una condena de más de tres o cuatro años de cárcel».

Tras las protestas en Nueva Delhi, el gobierno ha designado a un comité integrado por tres juristas que realizarán recomendaciones sobre posibles enmiendas a la ley para incrementar los castigos y acelerar la acción de la justicia.

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