El conflicto en Colombia normaliza la violencia sexual

Mujeres en una manifestación de protesta contra la violencia sexual en Bogotá.

Mujeres en una manifestación de protesta contra la violencia sexual en Bogotá.

James Stapleton* El Mundo.es. Bogotá/Roma 24-03.2013. Con la muerte de la joven madre, Rosa Elvira Cely, que fue hallada agonizante el año pasado después de haber sido brutalmente torturada y violada por criminales comunes en un céntrico parque de Bogotá, miles de personas salieron a la calle en la capital colombiana para exigir justicia. De repente, parecía que la opinión pública había tomado conciencia de una de las consecuencias más horribles de los más de 60 años de conflicto: la violencia generalizada contra las mujeres.

La violación y asesinato de Rosa Elvira salió a la luz pública. Sin embargo, más del 82% de las cerca de 500.000 mujeres colombianas víctimas de la violencia sexual durante el período 2001-2009 no denuncia este tipo crímenes cometidos contra ellas; es más, la mitad de ellas ni siquiera considera esta violencia como abuso sexual. Para que nos hagamos una idea, sería como si en un período de nueve años, el equivalente de toda la población femenina de una ciudad de tamaño medio, como por ejemplo Valencia, hubiera sido víctima de abusos sexuales.

La incidencia de la violencia sexual es mayor en los municipios con una presencia activa de fuerzas armadas, guerrillas y grupos paramilitares, lugares donde prevalece impunidad. Sin embargo, hay una tendencia a considerar la violencia contra las mujeres como un mal social, separado del conflicto, que no sólo impide reconocer el papel fundamental del conflicto en la creación de una cultura de la violencia, sino que ayuda a normalizar la violencia contra las mujeres presentándola como desafortunados incidentes aislados.

En efecto, en medio de la brutalidad, reina la impunidad. Y las víctimas ven en la violencia la única respuesta posible. Reconocer todas las formas de violencia sexual, como tales, tiene que ser un primer paso para acabar con ella, pero el objetivo a largo plazo debe ser una solución pacífica y justa.

Conflicto

Durante su apogeo, el conflicto colombiano afectó a todos los estratos de la sociedad. Pero la creciente intervención militar lo ha relegado a regiones aisladas y marginadas. Y ahora estamos ante un nuevo panorama: el desplazamiento masivo se ha transformado en desplazamientos individuales; los grupos paramilitares que iniciaron un proceso de desmovilización sólo lo hicieron para rearmarse con nuevos nombres que permiten, a conveniencia de las autoridades, tratar la violencia del conflicto como delincuencia común. Y, a pesar de breves apariciones en los medios de comunicación, las víctimas son cada vez más invisibles.

‘La violencia contra las mujeres, en particular la sexual, forma parte de la estrategia de conflicto’

“No creen que tengan derecho a la justicia o a la reparación; eso no existe. Creen que si eso me pasó a mí, pasó a otros, esto es lo normal.Se centran en rehacer sus vidas y las de sus familias“, dice Ana (cuyo nombre ha sido cambiado por razones de seguridad), miembro de una ONG colombiana cuyo personal ha sido objeto de amenazas por parte de grupos armados ilegales por su trabajo en favor de los derechos humanos.

En las áreas con presencia de grupos armados ilegales, la vida social de las mujeres suele estar controlada: el trabajo doméstico forzoso, el acoso sexual e incluso la esterilización involuntaria forman parte de la cotidianidad. La mujeres y muchachas que se unen a los grupos armados ilegales con frecuencia terminan siendo víctimas de la violencia sexual o psicológica. Las que se oponen a estos grupos corren el riesgo de provocar la ira de los actores armados legales e ilegales, o de las familias poderosas. Esa violencia contra las mujeres, en particular la sexual, forma parte de la estrategia de conflicto, azuzado por intereses económicos y políticos.

Tomemos el caso de Angélica Bello. En respuesta a su activismo en la izquierdista Unión Patriótica, sus hijas –de 9 y 14 años– fueron secuestradas, violadas y obligadas finalmente a desplazarse, por grupos armados. Internacionalmente reconocida, esta defensora de los derechos humanos de las mujeres afectadas por el conflicto, no sólo acabó sufriendo la misma suerte que sus hijas, sino que el pasado 16 de febrero, fue hallada muerta en extrañas circunstancias. Si se suicidó, como apuntan los informes oficiales, queda manifiesta la falta de apoyo estatal a las víctimas de la violencia sexual; si fue asesinada, envía un mensaje de advertencia a los demás defensores de los derechos humanos.

Por otra parte, el Estado acepta tácitamente estas circunstancias; aunque los detalles apenas se discuten públicamente a través de los medios de comunicación, las dinámicas son claras para la comunidad. Obligada a aceptar la presencia de los grupos armados, la gente a su vez recurre a los grupos armados para resolver los conflictos e incluso para ganarse la vida. La tolerancia ante el uso de la violencia se convierte en algo normal. Esto abre el camino a la explotación sexual, a actividades ilegales y la limpieza social (en este caso, el asesinato de mujeres obligadas a ejercer la prostitución).

‘El trabajo doméstico forzoso, el acoso sexual e incluso la esterilización involuntaria forman parte de la cotidianidad’

“Los grupos ilegales controlan la mayoría de comunidades desplazadas, en algo parecido a una incómoda alianza con el Estado. Muchas familias se ven obligadas a huir cuando se enteran que los agentes estatales saben que están cooperando con los grupos armados ilegales. Sin embargo, cuando les preguntan por qué colaboran con tal o cual grupo, responden que es una forma de tener tierras, educación, empleo… los grupos actúan como cuasi estados y la impunidad se apodera de todo“, continúa Ana.

Y permea en la sociedad. Las entrevistas con mujeres desmovilizadas han revelado que muchas han sufrido abusos sexuales -de padres, hermanos y otros parientes- en la primera infancia. Muchas mujeres y niñas se unen voluntariamente a grupos armados tratando de escapar de la violencia doméstica.

Y aquí es donde se amalgaman conflicto y sociedad. La violencia tolerada dentro de las familias es un hecho cotidiano. No sólo aflige a las mujeres, sino que también afecta las niñas ante las narices de sus propios padres, que asumen como normal la situación, y no las protegen del abuso sexual.

“Conozco casos en que la persona tiene tanto miedo del agresor que se queda callada en un silencio que puede durar años. Un agresor que incluso podría haber tenido acceso a la menor a través del padre, de los hermanos, o de alguien de su familia. Así que no sólo no irán a testificar, sino que lo normalizan y lo internalizan”, explica Ana.

Pobreza

Obligadas a huir, a menudo en más de una ocasión, las mujeres suelen acabar en las comunidades periféricas más marginadas, en las afueras de las ciudades. Como cabezas de hogar de familias numerosas, mujeres de todo el país trabajan para salir adelante con empleos ocasionales y mal pagados, con poco o ningún apoyo del Estado.

‘Priorizan otros problemas: la pérdida de seres queridos, la tierra y la supervivencia’

“La violencia contra las mujeres es estructural. La distribución desigual de la riqueza condujo al conflicto armado, al abuso de autoridad y de poder, y al desplazamiento. Este desplazamiento, afecta desproporcionadamente a las mujeres, y es la causa de su miseria. Las mujeres no hablan de ello porque están traumatizadas y temen volver a pasar por lo mismo, lo viven en silencio. Priorizan otras cosas: la pérdida de seres queridos, la tierra y la supervivencia. Esto ya forma parte de ellas mismas. Para protegerse a sí mismas, muchas mujeres se centran en sus necesidades inmediatas”, sigue Ana.

Después de haber sido violada, Rosa Elvira llamó pidiendo ayuda a los servicios de emergencia. Cuando llegó al hospital cuatro horas después, ya era demasiado tarde. Unos servicios sociales más sensibles podrían haber ayudado a salvar la vida de Rosa Elvira, y unas mejores leyes deberían condenar a más responsables de actos como éste. Acabar con la impunidad en Colombia significa proteger a 55.000 mujeres al año, es decir, 150 al día o seis cada hora, esto no se soluciona con paños de agua tibia.


*James Stapleton es coordinador internacional de comunicación del Servicio Jesuita a Refugiados y profesor de derechos humanos en el Rome Center, de la Loyola University of Chicago.

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