Francia: La Asamblea Nacional debate la ley que persigue a los clientes del sexo

ProstitucióndetallednPor Juan Manuel Bellver. París 29.11.2013, El Mundo. “No toquéis nuestro puesto de trabajo”, reclaman las prostitutas francesas ante a la puerta de Asamblea Nacional, donde esta tarde comienza el examen de un texto que prevé multas de hasta 3.000 euros para los clientes.

Su manifestación coincide hoy frente al Palais Bourbon con la de asociaciones feministas como Nid, Assemblée des Femmes u Osez le Féminisme, que apoyan abiertamente esta iniciativa inspirada en la legislación sueca.

“Somos putas y estamos orgullosas”, corean desde el pasado sábado por las calles de París varios centenares de profesionales convocadas por el colectivo Strass, convencidas de que sancionar a los usuarios “acentuará la precariedad” de su situación.

“Clientes penalizados = putas asesinadas”, reza una de las pancartas que han vuelto a pasear este viernes por la capital gala, reivindicando su derecho a “disponer libremente de nuestro cuerpo sin que el Estado venga a criminalizar a nadie”.

Bajo el título de “Ley para incrementar la lucha contra las redes de prostitución”, el gobierno socialista de François Hollande ha decidido llevar a la cámara baja un proyecto que defienden los diputados Maud Olivier (PS) y Guy Geoffroy (Unión por un Movimiento Popular) y cuenta con el aval de los partidos mayoritarios.

Se trata de disuadir al cliente para que deje de abastecer las redes con su dinero y que quede claro que no compra un acto sexual sino que la prostitución es la violencia contra las mujeres”, ha declarado a Le Monde Maud Olivier.

Ilegalizar la prostitución

La parlamentaria de Essonne era partidaria de imponer una pena de prisión en caso de reincidencia pero el Partido Socialista se negó en rotundo. “Independientemente de la sanción, lo más importante para nosotros es ilegalizar la prostitución”, indica.

Aunque la proposición será aprobada sin problemas durante el voto solemne del próximo 4 de diciembre, no habrá unanimidad en el hemiciclo, puesto que algunas de sus señorías han expresado ya su desacuerdo con el punto más conflictivo del borrador. Así, la diputada ecologista Véronique Massoneau considera que la ley amenaza con “ocultar a las prostitutas en lugares más sombríos, menos vigilados y accesibles”. Por su lado, el parlamentario socialista Bernard Debré tilda el texto de “moralista” y su correligionario Patrick Devedjian se confiesa partidario de “la libertad sexual entre adultos que consienten”.

Según las últimas estadísticas, en Francia se prostituyen hoy más de 20.000 personas, de las cuales el 90% lo haría contra su voluntad. “Se ven forzadas por una amenaza física o económica yesta ley servirá para protegerlas“, señala Najat Vallaud-Belkacem.

Para la ministra para los Derechos de la Mujer, el texto es “un proyecto global” que no se puede valorar exclusivamente por ese artículo que está provocando ríos de tinta en el Hexágono y que contempla ofrecer a los clientes cursillos de sensibilización como alternativa al procedimiento judicial.

Cierre de páginas web

Efectivamente, la propuesta prevé igualmente reforzar la lucha contra el proxenetismo y cerrar páginas web albergadas en el extranjero. Además, aboga por la supresión del delito de incitación pública que venía aplicándose hasta ahora a las prostitutas y propone medidas de reinserción en favor de aquellas que quieran dejar el oficio, ofreciendo a las extranjeras una estancia legal de medio año y una ayuda de 336 euros mensuales. Pero lo que tiene sobresaltada a la opinión pública es la idea de multar al cliente, que viene aplicándose en Suecia desde 1999 y ha reducido allí a la mitad la prostitución callejera en diez años.

Con el país dividido entre los que creen necesaria la penalización para proteger a las mujeres explotadas por redes de proxenetismo y quienes lo consideran una injerencia en la vida privada, un reciente estudio de CSA para BFMTV revela que dos de cada tres franceses (68 %) se oponen a que la compra de servicios sexuales sea castigada con una multa de 1.500 euros -el doble para los reincidentes- y sólo el 32 % de los ciudadanos dice apoyar en mayor o menor medida esta iniciativa

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