Brasil: Rousseff declara la guerra a los grandes medios de comunicación

El ministro de Comunicación, Ricardo Berzoini, abrirá el debate para una nueva ley
El principal objetivo, según la presidenta, es “impedir la existencia de oligopolios”

Germán Aranda, Salvador de Bahía. 07.01.2014. El Mundo.es El nuevo equipo de Gobierno de la reelegida presidenta, Dilma Rousseff, apenas tardó unas horas en enojar a la oposición y encender sus alarmas. Tan sólo unas horas después de asumir su nuevo cargo como Ministro de Comunicaciones, Ricardo Berzoini anunció que abriría “un debate amplio y profundo” sobre la regulación de los medios de comunicación, vieja pretensión del Partido de los Trabajadores al que pertenece pero que no contó con el apoyo de Rousseff en su anterior mandato.

La intención del Gobierno sería dividir el pastel de la comunicación para acabar con los oligopolios que controlan televisiones y radios, aunque los críticos a este tipo de medidas ven una posible censura a la libertad de expresión basándose en experiencias previas como las de Argentina y Venezuela. Según las propias palabras de Berzoini, se trata de “una forma de ampliar democráticamente las comunicaciones”. Muy diferente lo ve Aloysio Nunes, líder en el Senado del PSDB, principal partido de oposición al gobierno, calificó de “tentativa criminal” y forma de “control de prensa” la intención de regular los medios.

Pero más que las esperables reacciones de la oposición, las dificultades que encontrará el Ejecutivo en el poder legislativo para aprobar cualquier medida estarán en la propia coalición de Gobierno, como demostró Eduardo Cunha, líder en el Congreso del PMDB, principal partido de la base aliada. “No aceptamos discutir el asunto”, sentenció, aunque otros miembros del partido sí se han mostrado receptivos.

Regulación económica

Todavía no existe una propuesta firme de ley con la que el ministro de comunicaciones vaya a trabajar y él mismo aseguró que el debate sería “tranquilo y sin prisas”. A pesar de que Berzoini quiso tranquilizar recordando que “la Constitución garantiza la más amplia libertad de expresión” y de que el interés no es controlar contenidos, sino la regulación económica para evitar grandes concentraciones de medios en pocas manos, esa fue también la argumentación de los gobiernos de Venezuela y Argentina antes de emprender una persecución en diferentes niveles contra medios críticos a sus posiciones.

En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, creó una ley de medios en 2009 para regular estrictamente la concesión de licencias y la concentración de poder de mercado en manos de un grupo mediático y, desde entonces, tiene una guerra con el Grupo Clarín, al que intenta fragmentar, que sigue su curso en los tribunales.

En Venezuela, las alusiones a los contenidos eran más claras, especialmente referidas a aquellos medios de comunicación que “inciten al odio o al magnicidio” y los sucesivos gobiernos de Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro han utilizado dicha ley para retirar licencias de decenas de radios y prácticamente silenciar a los medios críticos, incluido Globovisión, el mayor grupo mediático del país, al que mediante presiones y sanciones forzaron a cambiar de rumbo y lo tornaron afín al gobierno.

Concentración de poder

Poco antes de ser reelegida, Rousseff advirtió sus intenciones al asegurar que “en Brasil, se trata de confundir la regulación económica con el control de contenidos” y defendió: “Control de contenido es cosa de las dictaduras. La regulación económica sólo impide que relaciones de oligopolio se instalen. La concentración de poder económico difícilmente lleva a relaciones democráticas”. No obstante, no hizo bandera de esa regulación en su campaña electoral.

Existe ya en Brasil un capítulo especial en la Constitución dedicado a los medios de comunicación que impide la formación de monopolios y exige por ejemplo que el control de las empresas sea de capital nacional o que los diputados o senadores no posean medios de comunicación, aunque la no normativización de este artículo abre espacio para incumplimientos aprovechando brechas. Además, el Código brasileño de Telecomunicaciones, de 1962, define la concesión de las licencias de televisión y radio, mientras que una ley específica regula la televisión de pago obligando a las cadenas a unacuota mínima de producciones nacionales.

A falta de un proyecto de ley del partido, el colectivo popular Foro Nacional Democrático de Comunicación lleva desde 2012 en campaña por la aprobación de su proyecto popular de ley de medios, cuyos artículos principales impedirían la formación de monopolios, la propiedad de radios y televisiones por parte de políticos, así como defienden la creación de un Consejo Nacional de Comunicación.

Derecho de respuesta

En el partido de Dilma y Lula, preocupa el trato recibido por el Grupo Globo, mayor del país, en los escándalos de corrupción que implican a miembros de varios partidos y que, según lamentan, sólo destaca a los que pertenecen al gobierno o a sus aliados. En la práctica, los grupos Globo, Record, Band, SBT y Rede Tv dominan la práctica totalidad del mercado de radio y televisión.

También dolió mucho la portada de la revista ‘Veja’ que, a un día del segundo turno de las presidenciales, relacionó directamente a Rousseff con el enorme escándalo de corrupción en torno a Petrobras.

Por ello, el presidente del PT, Rui Falcao, ha defendido que en una futura ley se incluya un derecho de respuesta “con el mismo destaque” del eventual ofendido en el medio de comunicación que haya proferido las ofensas. O sea, que permitiría a Rousseff que su respuesta apareciera en la portada de la siguiente edición de la misma revista ‘Veja’ que publicó las informaciones.

El relator especial de la ONU sobre Libertad de Prensa, David Kaye, advirtió en declaraciones a El MUNDO.es que “la regulación de medios no tiene por qué ser algo negativo de por sí, a no ser que “sirva para la concentración de los medios en pocas manos, ya sean de empresas privadas, personas individuales o del gobierno” y pide cautela ante el caso de Brasil a la espera de que se dé a conocer un proyecto de ley, aunque reconoce que “en muchos países de América Latina han derivado en una censura directa” este tipo de normativas.

En Estados Unidos también existen normativas que impiden la concentración de medios de comunicación en pocas manos. Está por ver si Brasil optará por un modelo a la estadounidense o bien por seguir a sus vecinos y socios del Mercosur.

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