España está elaborando el Plan de Acción de la Resolución 1325

Desayuno Alianza Foto AmecoPress

Desayuno Alianza. Foto:AmecoPress

Por: GLoria López. AmecoPress / La Independent. Madrid 30.06.2016. Un intercambio sobre mujer, paz y seguridad organizado por Alianza por la Solidaridad ha reunido a integrantes de organizaciones como WILPF, Médicos del mundo o Acción contra el hambre, partidos políticos y representantes institucionales.

España está elaborando el Plan de Acción de la Resolución 1325 y parece un buen momento para realizar aportaciones para que nuestro país se comprometa con el reconocimiento del papel de las mujeres en la construcción de la paz y la transformación de los conflictos armados en todo el mundo.

En el año 2000, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 1325 sobre las mujeres, la paz y la seguridad en la que se identificaba el impacto desproporcionado de la violencia en las mujeres y niñas, al tiempo que se reconocía el importante papel que ellas juegan en la construcción de la paz y la transformación de los conflictos armados en todo el mundo. La Resolución 1325 compromete a los Estados miembros de Naciones Unidas a escuchar, tomar en consideración y dar apoyo a las mujeres que construyen paz en medio de la violencia, a garantizar la presencia significativa de mujeres en todos los espacios de decisión, incluidos los procesos de paz y a proteger a las mujeres y las niñas de los impactos específicos que sufren en los conflictos armados. En estos momentos, con unas elecciones a la vista, España está desarrollando el Plan de Acción de la Resolución 1325. Por ello, es oportuno hacer incidencia política para que se apueste de verdad por este tema.

Manuela Mesa, de WILPS España ha comenzado el debate compartiendo las propuestas de la organización para la plena implementación de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad. Por un lado, la implementación de la resolución 1325 –lo que incluye, entre otras cosas, dedicar el 15 % de los presupuestos destinados a la construcción de la paz a la financiación específica de la agenda de mujeres, paz y seguridad, en especial a las organizaciones de mujeres que trabajan en este ámbito, fortalecer la lucha contra la impunidad en los crímenes internacionales y acoger y proteger a las personas refugiadas que huyen de los conflictos armados, entre otros-. En segundo lugar, el compromiso con la presencia paritaria de mujeres en todos los puestos de decisión, seguido del compromiso con una política exterior feminista. Como cuarto punto, la organización ha solicitado de los partidos políticos el compromiso con el desarme y reducción del gasto militar y, para concluir, el cumplimiento del tratado de Comercio de Armas.

María Salvador, de Alianza por la Solidaridad, ha abordado la vinculación de la Agenda 1325 con las acciones de Cooperación y Acción Humanitaria, denunciando que “tenemos que plantearnos que la forma usada para construir la paz no es adecuada”, como demuestra el “tratado ilegal de Turquía” y las políticas europeas: “en la seguridad de los estados prima la protección estatal y no de las personas”.

María ha conversado de los “desafíos” a tener en cuenta en la necesaria articulación de agendas desde una perspectiva feminista. Lograr un enfoque transformador de nuestra forma de hacer las cosas, sabiendo que la guerra afecta de diferente modo a mujeres y hombres, implica ir más allá de la “acción sin daño”, para cuestionar las situaciones que generan esas desigualdades de género.

También es fundamental trabajar en prevención y complementar los procesos de desarrollo y de acción humanitaria, insistiendo en que en situaciones de crisis son las asociaciones de mujeres quienes mejores respuestas son capaces de articular, para lo cual habría que incidir en aquellos efectos que dificultan la participación de mujeres y organizaciones feministas.

En ese sentido, las organizaciones que han participado en el debate de esta mañana han denunciado que en la Cumbre Humanitaria Mundial celebrada a finales de mayo en Turquía, España no se ha comprometido al apoyo a organizaciones de mujeres locales, que son las que están en los territorios ayudando a la gente y dando respuesta a las situaciones de emergencia, argumentando motivaciones “formales”.

Los partidos

La representante de Ciudadanos, Sofía Miranda, ha comenzado condenado que las tropas de la ONU hayan cometido abusos cuando se supone que van a poner paz en zonas de conflicto. “Deberían estar formadas con perspectiva de género”, ha dicho, defendiendo también la promoción de las mujeres en el ámbito militar. En su intervención ha apostado por una aplicación transversal tanto de la resolución 1325 como de la educación en igualdad.

Carlota Merchán, por parte del PSOE, ha enfocado su intervención desde la conexión entre socialismo, feminismo y pacifismo, advirtiendo la aparición de nuevos contextos humanitarios, que han adquirido una complejidad sin precedentes, así como del complicado contexto global, con mayor repercusión para las mujeres, lo que hace imprescindible la incorporación de la igualdad como eje troncal de las políticas.

Merchán ha dicho que no corresponde a un gobierno en funciones elaborar el Plan de Acción de la Resolución 1325 y ha denunciado que España ha perdido peso y presencia en ONU Mujeres. “El hecho de que España entrara en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tuvo que ver mucho con el valor que se le dio a la igualdad” ha recordado y ha reivindicado “la igualdad de género como eje de la política exterior”.

En ese sentido, Pilar Marcos, del Partido Popular, ha asegurado que si hay una política que requiere ser pactada es la exterior. Por un lado, “con Europa y la ONU” y por otra, con los partidos del Parlamento.

Las organizaciones han puesto en valor el ejemplo de Suecia, que ha definido como feminista su política exterior y, por ejemplo, ha cancelado los contratos de venta de armas con Arabia Saudí. También han pedido que el Gobierno reclame y supervise la acción de los organismos de los que el Estado español forma parte, como la ONU, en materias como la ayuda a personas refugiadas, en las que España aporta recursos.

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