La violencia sexual como arma de guerra, un impedimento para la paz

Resolución 1325Por: Diva Criado. La Independent /La Otra Opinión. Barcelona, junio 2016.Es indiscutible que existen leyes internas en los países para frenar la violencia sexual en los conflictos armados, y que también existe un reconocimiento como delito internacional. Ellas en sí mismas,  constituyen un avance para sancionar y erradicar la violencia, pero su éxito será imposible, sin un cambio sustancial en la actitud de las personas hacia el abuso sexual.

La posibilidad  de reparación que las mujeres víctimas de un conflicto armado de resarcimiento  del daño sufrido, se desvanece,  cuando el valor de la propaganda de su sufrimiento disminuye. La violencia sexual durante el conflicto afecta, tanto a hombres como a mujeres, sin embargo,  es evidente que las mujeres tienen mayor riesgo de ser objeto de violencia sexual, por el riesgo añadido del embarazo, los daños permanentes en el sistema reproductivo como consecuencia de la violación, en el peor de los casos, y el desplazamiento forzado

Dentro de una comunidad la desventaja que tienen las mujeres, y las dificultades que las acompañan en los conflictos armados, tienen que ver con la responsabilidad primaria dentro de la sociedad,  como el cuidado de los hijos, la agricultura y la recolección de agua, que en muchas sociedades las hace especialmente vulnerables, pues ellas, asumen nuevas cargas después del desplazamiento

Algunos estudios indican que las madres que tienen hijos nacidos como consecuencia de violaciones a menudo viven en la extrema pobreza y han sido condenadas al ostracismo por sus familiares. Sus hijos también están estigmatizados y padecen consecuencias sociales, psicológicas y socioeconómicas

Desde la perspectiva de su relación con la paz, la  expresión “violencia sexual”, abarca las violaciones, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, los embarazos forzados, la esterilización forzada, y todos los demás actos de violencia sexual de gravedad comparable contra mujeres y niñas, que son las principales víctimas, pero esa violencia que también afecta a los hombres y a los niños, tienen vinculación directa o indirectamente  geográfica o causal en el tiempo

Esta vinculación con el conflicto,  puede manifestarse  en el perfil y las motivaciones del autor, el perfil de la víctima, el clima de impunidad, o la situación de colapso de un Estado, que transgrede fronteras  e infringe disposiciones de un acuerdo de alto al fuego

Un informe presentado por el Secretario General de la ONU en marzo del 2013, indica que fueron revisadas 22 zonas en conflicto, en países como Colombia, Libia, Malí, la República Árabe Siria y la República Democrática del Congo, en el, se evidenció,  que la violencia sexual se ha utilizado para desplazar por la fuerza a las poblaciones, tanto dentro de los países, como más allá de sus fronteras

El informe señala que: “En la República Democrática del Congo, los grupos armados han recurrido a las violaciones para castigar a civiles que quisieron impedir la caza ilegal y el tráfico de minerales. En Colombia, los grupos armados ilegales han utilizado la violencia sexual para desplazar por la fuerza a las poblaciones, obligándolas a alejarse de zonas donde la extracción de minerales o la agricultura son actividades lucrativas y de zonas de importancia estratégica para el tráfico de drogas”

De otro lado,  muchas de las medidas para hacer frente a la violencia sexual contra las mujeres en los conflictos armados se han producido en el marco de las Naciones Unidas, es por eso que, patrocinada por Estados Unidos, en junio del 2008, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, debatió y adoptó La Resolución 1820, centrada en la violencia sexual en los conflictos armados.

Esta Resolución,  reafirma el compromiso de aplicar en todas sus partes de forma permanente las resoluciones 1325 (2000), 1612 (2005) y 1674 (2006) y confirma lo expresado en la cumbre del 2005, relacionado con el principio de la Carta de la ONU  que elimina todas las formas de violencia contra las mujeres y  las niñas

La R 1820, orientada a poner fin a la impunidad, asegura la protección de la sociedad civil, especialmente  de mujeres y niñas en los conflictos,  y en el posconflicto; fortalece el entendimiento de la violencia sexual de los conflictos armados, que deben estar en consonancia con las obligaciones que imponen a los Estados el derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos, sin olvidar,  los acuerdos de la declaración y la plataforma de Acción de Beijing

Siempre se ha dicho,  que la violencia sexual es un atentado contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, la Resolución 1820, señala que ninguna amnistía puede amparar a los perpetradores, sin embargo la violencia sexual, es un impedimento para conseguir la paz, es necesario tener más información y más investigaciones como barómetro que determine el número de víctimas de los conflictos armados

También es necesario que se inste a los Estados que aún no lo hayan hecho,  a que consideren la posibilidad de ratificar los tratados y adherirse a ellos. Que las mujeres y las niñas están en la mira de la violencia sexual, incluso como táctica de guerra destinada a humillar, dominar y atemorizar, y en algunos casos  ésta violación, puede persistir después de la cesación de hostilidades

En Colombia, el proceso de paz que al parecer se firma este jueves 23 de junio del 2016, en la Habana (Cuba), entre  el gobierno colombiano y grupos al margen de la ley,  lleva negociándose desde el 2002 con la guerrilla de las FARC.

En relación con el tema de las mujeres como arma de guerra, la verdad, no se ha dicho mucho en este Proceso de paz, sí es cierto,  que hay grupos de mujeres participando de uno y otro lado, pero  en la realidad,  las mujeres siguen teniendo poca visibilidad que las empodere en la  toma de decisiones.

Según un informe presentado por el grupo de Memoria Histórica, entregado al Presidente Santos: “… las FARC obliga a las niñas y  jóvenes que integran sus filas a usar métodos anticonceptivos, y en casos de embarazo, el aborto forzado es común”

Dice el informe, que se investigaron 1.750 denuncias por abusos sexuales entre 1985 y el 2012, que confirmaron el uso de la violencia sexual como arma de guerra en Colombia,  y los ataques contra las mujeres, fueron cometidos  por sus ejercicios de organización y liderazgo en sus comunidades. La mayor cantidad de denuncias, fueron presentadas contra los grupos paramilitares de derecha, que se desmovilizaron en el gobierno de Álvaro Uribe, pero también contra las FARC.

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