Cuánto cuestan los errores judiciales

cuanto cuestan los errores judicialesDiva Criado. Opinión Vanguardia. Me pregunto cuánto cuestan los errores judiciales por procesos a personas inocentes. El afán de encontrar culpables con pruebas débiles, sin verificar la fuente vulnera los protocolos de derechos humanos y causa enorme detrimento patrimonial al Estado. Contextualizando, dos casos recientes de aquí y de allá.

La desidia del Estado español en el caso de Ángela González Carreño, por la muerte de su hija a manos de su padre, es una descripción clara de la violencia que las instituciones judiciales ejercen.

Ángela interpuso 51 denuncias en juzgados y comisarias. En el 2003, ella y su exmarido, Felipe Rascón Calderón, asistieron a una audiencia para definir el uso de la vivienda. A la salida, el hombre se acercó y le advirtió: “Te quitaré lo que más quieres”. Con una hija en común, Andrea (7), y custodia compartida, cada jueves él acudía a recogerla, pero Andrea manifestó no querer verlo más.

En varios oficios, Ángela solicitó al juzgado anular el régimen de visitas por inconvenientes para la niña. Petición que el juzgado desestimó.

A finales de abril del 2003, la policía encontró muertos a Andrea, al padre y a su perra. El Consejo General Judicial (CGPJ) abrió investigación para esclarecer la presunta negligencia judicial, archivando el proceso por inviable. En esos ires y venires, a través de apoderada, Ángela demandó a la administración de justicia y a los servicios sociales, argumentando que fallaron en su deber de proteger la vida de su hija. El constitucional inadmitió la demanda y el Tribunal Supremo la condenó en costas. Agotadas las instancias en España acudió a la ONU. En un caso sin precedentes, en 2014, la Cedaw condenó al Estado español a indemnizarla por negligencia en la administración de justicia

En Colombia hay miles de demandas que afectados radican contra la Fiscalía por procesos injustos. El caso del exsenador santandereano, a quien abrieron investigación por un crimen que no cometió, es un claro ejemplo. Una década estuvo defendiéndose de una denuncia viciada de oscuros intereses y falsos testigos. La Corte Suprema de Justicia, finalmente, lo absolvió por falta de pruebas.

Así pues, las pifias judiciales no solo cuestan a los procesados daños morales, sociales y económicos, sino al Estado que debe reparar el daño causado.

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